Declaración: Banco Mundial ¡Fuera de la Tierra!
En la jornada inaugural de la Conferencia sobre la Tierra 2024 del Banco Mundial, organizaciones de productoras y productores de alimentos a pequeña escala, Pueblos Indígenas, trabajadoras y trabajadores, comunidades de base y la sociedad civil denuncian al Banco Mundial como uno de los principales actores del acaparamiento de tierras y la destrucción de los ecosistemas. Exigen medidas eficaces para hacer efectivo el derecho a la tierra y los territorios, incluida la reforma agraria.
Del 13 al 17 de mayo de 2024, el Banco Mundial organiza una Conferencia sobre la Tierra en Washington DC, con el tema “Garantizar la tenencia de la tierra y el acceso a ella para la acción por el clima”. La conferencia se presenta como parte de las soluciones a los daños generados por el acaparamiento de tierras, el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas.
Sin embargo, más de 80 organizaciones de todo el mundo acusan al Banco Mundial de facilitar el acaparamiento de tierras y la financiarización de la naturaleza. En una nueva declaración previa a la conferencia, exigen que el Banco Mundial se quede fuera de las tierras de las comunidades. El Banco Mundial no sólo invierte directamente en proyectos de tierras, sino que también tiene un largo historial promocionando una gestión de los recursos naturales basada en una estrategia de mercado y fomentando la privatización.
Más recientemente, el Banco Mundial se ha convertido en un firme promotor de los mercados de carbono y otras medidas de mitigación del cambio climático con un enfoque de mercado. Estas medidas pretenden utilizar los territorios de las poblaciones como sumideros de carbono para los grandes contaminadores, permitiendo al mismo tiempo nuevas emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de los ecosistemas.
Comunidades y pueblos de todo el mundo están pagando el precio, sometidos al despojo, la pérdida de sus medios de vida y la violencia. En su declaración, exigen a los gobiernos que cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del marco internacional de derechos humanos adoptando medidas eficaces para hacer frente a los factores estructurales del acaparamiento y la concentración de la tierra. Estas medidas incluyen la protección de los derechos sobre la tierra de las personas y las comunidades y la aplicación de políticas que lleven a una reforma agraria redistributiva. Más concretamente, piden que se apoye la organización de una segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural en 2026 (CIRADR+20), como ha anunciado recientemente el gobierno colombiano con el apoyo de Brasil.