La Tesorería de E.U.A sanciona a compañías mineras de Nicaragua por violaciones de derechos
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June 22, 2022, 7:00 AM PT
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Anuradha Mittal, [email protected], +1 510-469-5228
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La empresa nicaragüense minera, ENIMINAS, ha permitido que tanto el gobierno nicaragüense como la elite política lucren del auge en minería de oro.
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Desde que ENIMINAS se creó en 2017, muchas de las concesiones para minería aurífera que se han emitido o buscado se han traslapado con territorios indígenas.
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La investigación del Oakland Institute demuestra que los pueblos y comunidades indígenas de Nicaragua se enfrentan a violencia extraordinaria, desplazamientos y desposesión de sus tierras en virtud de la minería de oro.
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Más allá de las sanciones, es imperativo que los gobiernos de EUA, Canadá y más allá actúen rápidamente para prevenir que empresas mineras que están registradas en sus países sigan fomentando dicha violencia y desposesión.
Oakland, CA — El 17 de junio de 2020, la Tesorería de EUA anunció la imposición de sanciones contra ENIMINAS, la empresa minera de Nicaragua. Dicha empresa fue creada en 2017 para administrar el próspero sector minero del país. Ruy Delgado López, ejecutivo y presidente de la junta directiva desde tiempo atrás, también fue sancionado. Las sanciones dan seguimiento a la investigación del Oakland Institute en cuanto al involucramiento del sector minero aurífero — incluyendo a ENIMINA — en el violento robo de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa del Caribe en Nicaragua.
De acuerdo con la Tesorería de EUA, “en 2021, las exportaciones de oro de Nicaragua a los Estados Unidos incrementaron en un treinta por ciento, alcanzando los $744 millones. Estas exportaciones representaron el setenta y nueve por ciento de todas las exportaciones de oro de Nicaragua durante ese año. El Departamento del Tesoro citó el papel del oro en el financiamiento de represiones estatales en Nicaragua, así como el papel de ENIMINAS en “canalizar las ganancias hacia socios del sector privado y sobornos hacia los miembros del régimen”. Las compañías privadas están obligadas por ley a realizar emprendimientos conjuntos con ENIMINAS cuando sea que requieran de concesiones en las reservas mineras de Nicaragua. Dos opacos fondos del gobierno que se encuentran bajo el control de ENIMINAS también reciben una parte de los ingresos estatales de actividades mineras.
El gobierno nicaragüense ha anunciado que 7.1 millones de hectáreas de tierra, o casi 60 por ciento del territorio nacional, está disponible para concesiones mineras, por lo que las empresas mineras extranjeras ansiosamente buscan tomar ventaja de lo anterior. Notablemente, la empresa canadiense Calibre Mining Corporation busca obtener unas 46 concesiones; es decir, aproximadamente 12.8 por ciento del territorio de Nicaragua, en una alianza estratégica con la notoria empresa minera Anglo- australiana, Rio Tinto. Muchas de estas concesiones, incluyendo varias de las ya otorgadas, cubren vastas porciones de territorios indígenas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. A pesar de que se han incorporado extensivas salvaguardas a los derechos indígenas en la legislación nicaragüense, el gobierno ha emitido estas concesiones sin obtener el requerido consentimiento libre, previo e informado de los locales. ENIMINAS proporciona incentivos financieros al gobierno nicaragüense para que desestime los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, en vez, eleve la prosperidad de la minería nacional.
Desde 2015, los colonizadores han matado a más de sesenta pueblos y comunidades indígenas y desplazado a miles a la costa caribeña. Muchos de estos casos están vinculados con minería de oro, como lo fue el asesinato en 2020 de Nacilio Macario, líder mayanga, así como el ataque en 2021 a comunidades Miskitos y Mayanga en Kiwakumbaih, mismo que dejó al menos a 11 personas muertas. También se vincularon con minería de oro el desplazamiento forzado de la comunidad Miskitu en Murubila en 2015 y el de 15 familias en Rosita en 2021.
“Estas sanciones pueden empezar a destejer la red de incentivos financieros para el gobierno de Nicaragua al otorgar concesiones mineras y apoyar la minería realizada por colonos no-indígenas en territorios de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes sin su consentimiento, lo cual contraviene tanto la legislación nicaragüense como normas internacionales”, declaró Anuradha Mittal, Directora Ejecutiva del Oakland Institute. “La investigación del Instituto demuestra que corporaciones occidentales como Calibre Mining buscan estas concesiones ilícitas y compran minerales de mineros de menor escala responsables por la violencia en el país. Por lo que, hacemos un llamado a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que tomen todas las medidas posibles para prevenir que compañías registradas en sus países inviertan en la violencia y robo en contra de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua”, concluyó.
Léase el reporte del Oakland Institute: Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento
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