DonateIvette Munguía
Estudio de Oakland Institute deja al descubierto la participación del Gobierno en industria que carcome los bosques y siembra violencia en el Caribe
Los ataques de colonos a las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua son solo la parte más visible de un proceso de colonización promovido por el Gobierno de Daniel Ortega, que ha dejado 46 indígenas asesinados desde el 2011 y la explotación de recursos naturales en zonas protegidas, colocando al país al borde de un etnocidio, concluyó una investigación del centro de pensamiento de asuntos ambientales Oakland Institute, presentada en este 20 de agosto a través de una conferencia en línea.
El estudio denominado “Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento”, detalla que el Gobierno de Ortega ha puesto más de 7.1 millones de hectáreas de tierra a disposición de la explotación minera. También promueve la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas.
“Los funcionarios nicaragüenses se confabulan en la venta ilegal de tierras y la represión policial patrocinada por el Estado en las comunidades que se resisten al despojo”, señaló la investigadora estadounidense Anuradha Mittal, quien estuvo al frente de la investigación.
Muestra del “rol activo” del Estado en la colonización de los territorios indígenas fue la creación, en 2017, de la Compañía Minera de Nicaragua (Eniminas), aumentando así “la participación del Estado en el negocio minero” a través de empresas conjuntas con empresas privadas. “Solo en el primer mes de la nueva ley, el total de tierras bajo concesión minera aumentó de aproximadamente 1 200 000 hectáreas a 2 600 000, más del 20″ del país. Cerca de 853 800 hectáreas de esta tierra se encuentran en la zona de amortiguamiento de la reserva Bosawás”, subraya el documento.
Asimismo, la Agencia de Promoción de Inversiones (ProNicaragua) anuncia al país como “un suministro casi infinito de tierras “adecuadas” para proyectos forestales, con más de 3.5 millones de hectáreas disponibles para su uso”. Sin embargo, la mayoría de los bosques primarios de Nicaragua se encuentran dentro de las regiones autónomas y juegan “un papel indisociable en las vidas de los indígenas”.
“Hacia el etnocidio”
Durante la presentación del estudio, la fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, precisó que en los últimos nueve años el tráfico de tierras con la “complicidad” del Gobierno de Ortega ha dejado entre los indígenas “46 asesinados, 49 heridos, 46 secuestrados, 4 desaparecidos, y casos de violencia sexual”.
“Estamos en un curso hacia el etnocidio”, advirtió la directora del Programa México y Centroamérica del Cejil, Claudia Paz y Paz.
“En la región de Centroamérica y América Latina, el caso de Nicaragua es bastante particular, porque su legislación es bastante avanzada; sin embargo, esta recoge letra muerta por las graves omisiones, pero incluso acciones del Estado de Nicaragua”, agregó Paz y Paz.
