Nicaragua: Una Revolución Fallida webinario en español - 20 de agosto de 9-10:30 AM PST

Aldeanos Miskitu a orillas del Río Coco. Noviembre 2018

El 5 de agosto de 2020, lanzamos Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento, una traducción al español del informe Nicaragua 's Failed Revolution. Este informe expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de la violencia incesante que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Región Autónoma de la Costa Caribe del país.

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Nicaragua es visto como un país ejemplar en la concesión de títulos de tierra a las comunidades indígenas, no obstante, el informe revela el fracaso del gobierno para cumplir estas leyes, su colusión con intereses empresariales y su papel activo en la colonización a manos de terceros o colonos de las tierras protegidas. El trabajo de investigación e incidencia alrededor del informe ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura en el New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News y MongaBay, entre otros, así como en las redes sociales.

Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 9-10:30 AM PST en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el Saneamiento.

Panelistas

Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva de Oakland Institute

Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)

Claudia Paz y Paz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)

Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica

Información

Fecha y hora: el jueves 20 de agosto de 9-10:30 AM PST

Regístrate: https://bit.ly/30NwbJG

Facebook Live: facebook.com/oak.institute

Más información: Por favor contactar a Sofia Espinal [email protected]

Hallazgos clave del informe

Las comunidades indígenas en la Región Autónoma de la Costa Caribe enfrentan una situación de violencia agravada, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Alal, Wasakin y el pueblo Miskitu.
Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte (RACCN) han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierras.
El gobierno de Nicaragua ha puesto a disposición millones de hectáreas para la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas.
Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el despojo forzoso.
Funcionarios nicaragüenses participan en ventas ilegales de tierras y represión policial auspiciada por el Estado en contra de las comunidades que resisten el despojo.

The Oakland Institute es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.

CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.

CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.