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Diseñar políticas alimentarias que pongan en el centro a los pequeños agricultores, pastores y pueblos indígenas para proteger la tierra y la seguridad alimentaria

January 28, 2019
Source
Observatorio del Derecho a la Alimentación de España

Un nuevo informe critica las políticas agrarias que el Banco Mundial promueve en los países en desarrollo para mejorar su productividad

Un nuevo informe realizado por The Oakland Institute, bajo el nombre The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons (El mejor postor se lo lleva todo: el plan del Banco Mundial para privatizar los bienes comunales), muestra cómo el Banco Mundial quiere llevar a cabo reformas a través de un nuevo indicador dentro del proyecto Enabling the Business of Agriculture EBA que promueve las adquisiciones de tierras a gran escala y la expansión de los agronegocios en el mundo.

Este informe se enmarca dentro de la campaña Our land Our business, compuesta por 280 organizaciones en todo el mundo, que exigen el final del proyecto EBA.

El proyecto EBA se inició en el 2013 para orientar las reformas empresariales del sector agrario. En un principio fue apoyado por la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, una iniciativa lanzada por el G8 para promover el papel del sector privado en el desarrollo agrícola en África y actualmente está financiado por los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y por la Fundación Bill y Melinda Gates.

EBA puntúa a los países sobre la forma en que implementan las políticas del Banco Mundial, que posteriormente determinan el volumen de financiación e inversión extranjera que reciben. Ahora se ha introducido un nuevo indicador: land (tierra), que promueve reformas que los gobiernos deberían llevar a cabo en el sector agrícola. Empezó a usarse como prueba piloto en 38 países durante el año 2017 y se espera que este año se amplíe a 80 países. El indicador promueve las adquisiciones de tierras a gran escala, un hecho que se ha intensificado en los últimos diez años y que, según el informe, supone desalojos forzosos, violaciones de los derechos humanos, degradación del medioambiente, aumento de la inseguridad alimentaria y destrucción de los medios de vida.

Las principales recomendaciones de EBA hacia los gobiernos incluyen la formalización de los derechos de propiedad privada, la facilitación de la venta y el arrendamiento de terrenos para uso comercial, la sistematización de la venta de terrenos públicos mediante subasta al mejor postor y la expropiación.