El COVID-19 trae un nuevo nivel de amenaza a los pueblos indígenas en Nicaragua a medida que se intensifican las invasiones de tierras

August 5, 2020
Miskitu villagers on the banks of Rio Coco. November 2018

Aldeanos Miskitu a orillas del Río Coco. Noviembre 2018

---PUBLICACIÓN INMEDIATA---

5 de agosto de 2020

Contacto con los medios de comunicación:
Anuradha Mittal
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  • El COVID-19 trae nuevas amenazas a los pueblos indígenas en Nicaragua, ante la incapacidad del gobierno para tomar medidas para controlar la propagación de la pandemia al tiempo que fomenta la colonización de sus territorios.

  • Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) han sido asesinadas, con lo que el número total de asesinatos desde 2011 se eleva a 46. Decenas de personas han resultado heridas, secuestradas y desaparecidas, y miles de personas han sido desplazadas, debido a las invasiones de tierras.

  • El gobierno de Nicaragua ha puesto a disposición millones de hectáreas para la minería, la tala de madera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales e impulsando a miles de colonos hacia las regiones autónomas a expensas de las vidas y medios de vida de los pueblos indígenas.

  • Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el desplazamiento forzoso.

  • Funcionarios nicaragüenses son cómplices en la venta ilegal de tierras y la represión policial perpetrada por el Estado en contra de las comunidades que se resisten al despojo.

Oakland, CA —Hoy el Oakland Institute publica Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento”, una traducción al español del informe Nicaragua’s Failed Revolution, cuyo lanzamiento en abril de 2020 generó atención mundial frente al tema.

El informe detalla la violencia incesante que enfrentan las comunidades indígenas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Mayangna de Alal y Wasakin y la comunidad Miskitu de Santa Clara, y proporciona información detallada sobre los actores involucrados: empresas mineras de oro extranjeras, actores nacionales e internacionales en la industria maderera y ganadera, así como destacados funcionarios nicaragüenses.

Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento se publica en un creciente clima de miedo y represión en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. Mientras la atención internacional se dirige a las amenazas a los pueblos y bosques de la Amazonía brasileña, el llamado “gobierno socialista” de Ortega no sólo ha fallado en cumplir la protección legal de las tierras indígenas, sino que en realidad desempeña un papel activo en la colonización y explotación por parte de las empresas transnacionales. Los documentos oficiales del gobierno, obtenidos por el Instituto, revelan una oferta a potenciales inversionistas de más de 7.1 millones de hectáreas de tierra para concesiones mineras (60 por ciento del país) y más de 3.5 millones de hectáreas para proyectos forestales (30 por ciento del país).

"El presidente Ortega calificó la pandemia como una señal de Dios y dijo que las ‘fuerzas transnacionales que sólo quieren tomar el control del planeta, eso es un pecado’, pero su propio gobierno ha hecho tratos con las compañías mineras canadienses, británicas, australianas y colombianas que están explotando la riqueza mineral del país a expensas de los medios de vida indígenas", dijo Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva del Oakland Institute.

En los últimos tres años, la cantidad de tierra bajo concesiones mineras se ha más que duplicado, alcanzando 2.6 millones de hectáreas, o sea el 20 por ciento del país. Del mismo modo, los bosques primarios de Nicaragua, la mayoría de los cuales se encuentran a lo largo de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y son esenciales para los medios de vida de los pueblos indígenas, están bajo una intensa presión por parte de las corporaciones y colonos para la ganadería y las operaciones de madera. La cobertura forestal en Nicaragua ha disminuido del 76 por ciento en 1969 al 25 por ciento en la actualidad. El informe detalla los vínculos personales del presidente Ortega y su familia con el negocio forestal y maderero a través de la empresa Alba Forestal.

Sobre la base de una extensa investigación de campo, Nicaragua: Una revolución fallida, proporciona testimonios de primera mano de miembros de comunidades que han sido objeto de violencia intensa, incluyendo asesinatos, secuestros, quema de viviendas y otras intimidaciones vinculadas a invasiones de tierras. El informe revela la complicidad entre los funcionarios del gobierno de Nicaragua y las empresas extranjeras a medida que expropian a las comunidades indígenas, llevándolas al hambre y a la enfermedad y creando un asfixiante mapa de confinamiento.

Al examinar cómo los esquemas de ‘desarrollo’ pasados, el reasentamiento de excombatientes y las políticas favorables a las empresas avanzadas por los sucesivos gobiernos han explotado las tierras de la Costa Caribe, el informe proporciona un análisis en profundidad y un contexto histórico de la situación actual. También detalla cómo los pueblos indígenas han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la larga negación de las protecciones jurídicas que les otorga la ley y cómo las resoluciones vinculantes de este Tribunal han sido ignoradas en gran medida hasta la fecha.

“Nicaragua es vista como ejemplar en la concesión de derechos a la tierra a las comunidades indígenas a través de protecciones legales, como la Ley 28 (Estatuto de Autonomía) y la Ley 445”, dijo Mittal. “El gobierno no ha hecho cumplir estas leyes, y en su lugar se hace cómplice con los intereses empresariales y desempeña un papel activo en la colonización por intrusos de las tierras protegidas”, continuó.

Nicaragua: Una revolución fallida también expone cómo los funcionarios gubernamentales son cómplices de las invasiones a través de la participación directa en la venta ilegal de tierras y la formación de órganos de gobierno paralelos para eludir la autonomía indígena.

“Mientras que la represión generalizada de los derechos humanos en Nicaragua ha llamado la atención internacional en los últimos años, la violencia que enfrentan los pueblos indígenas y la impunidad otorgada a los colonos por la policía nacional y el gobierno han sido ignorada en gran medida, hasta ahora”, dijo Anuradha Mittal.

Nicaragua: Una revolución fallida rompe este silencio y llama la atención sobre la lucha continua de los pueblos indígenas por el saneamiento, el paso final de la Ley 445 que requiere el desalojo de los colonos que se han establecido en los territorios indígenas, así como de las corporaciones, que utilizan y se benefician de los territorios sin título legal o un contrato de arrendamiento con las comunidades. “El Oakland Institute se solidariza con los pueblos indígenas de Nicaragua y publica esta versión en español del informe, para apoyar su lucha por la justicia y llevar al conocimiento e interés público las injusticias que enfrentan”, concluyó Mittal.

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